La exhibición de fotografías de presos vascos o participar en actos de «homenaje» serán considerados como una infracción «grave» dentro de la futura Ley de Seguridad Ciudadana presentada ayer por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, y serán castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. De este modo, y pese a que ya hay varias sentencias (entre ellas del Tribunal Supremo español) que han avalado que mostrar el rostro de un prisionero no constituye un delito, esto podrá ser castigado igualmente por la vía administrativa. Este incremento de la presión sobre el apoyo a los presos llega en un contexto de fuertes presiones del lobby ultra encabezado por la AVT, que se ha mostrado muy beligerante con el Gobierno español tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que puso fin a la denominada «doctrina Parot». La nueva normativa, que viene a sustituir a la «Ley Corcuera» de 1992, aprovecha también para imponer fuertes sanciones (de 1.001 a 30.000 euros) contra un indeterminado tipo de «ofensas a España y sus símbolos», al tiempo que achica el espacio a protestas como los escraches, que también serán castigados con multas.

«¿Qué es una ofensa a España o a sus instituciones? Pues imagínese una manifestación en la que se llevaran pancartas o se gritaran consignas que fueran claramente ofensivas o vejatorias en relación con España». De este modo resolvió Fernández Díaz la pregunta clave: qué entiende el Gobierno español por «ofensa». Entrando en casos concretos, indicó que, por ejemplo, quemar la bandera sí que podría ser castigado. Lo que no entraría serían las pitadas al himno español en los estadios de fútbol, que según Jorge Fernández Díaz ya entran en la Ley de Seguridad del Deporte, que contempla 650.000 euros de sanción máxima.

El proyecto llega con una semana de retraso después de las primeras filtraciones a medios. Aunque a nadie se le escapa que aquellas buscaron ejercer de «globo sonda» ante una normativa que ataja los flecos que quedaron en el ya de por sí restrictivo proyecto de nuevo Código Penal. De este modo, en lugar de considerarse conductas «muy graves (con multas de entre 30.001 y 600.000 euros)» actos como protestar frente al Congreso sin permiso, estas pasarán a ser «graves», lo que también implica una cuantiosa sanción. Resulta evidente que las incesantes movilizaciones (escraches, marchas sin comunicar, choques con la Policía o protestas en actos públicos) son uno de los objetivos. También la «obstrucción» de funcionarios, en referencia, sin nombrarlas, a las paralizaciones de desahucios. La normativa tendrá ahora que ser avalada por distintas instancias del Estado antes de que llegue al Congreso y el PP aproveche su mayoría absoluta para imponer el complemento al «código Gallardón».