El Gobierno español ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.

«Con este proyecto de ley, pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI», ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha comparecido junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

María Jesús Montero ha subrayado que la sociedad española «es más progresista de lo que algunos quieren hacer creer», y ha equiparado esta ley a otros hitos como la regulación del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario.

Al otro lado, la portavoz ha situado a quienes tratan de imponer su moral frente a la libertad, y ha citado el reciente caso de la ley de eutanasia, con  «una derecha, principalmente PP y Vox, que pretende frenar estos avances recurriendo las leyes ante el Tribunal Constitucional». 

Aumento de las agresiones

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que esta norma sitúa al Estado español en la vanguardia europea respecto a los derechos de la personas LGTBI en general y transexuales en particular, algo que a su juicio resulta «especialmente importante en un contexto en el que en algunos países hay un cuestionamiento profundo» de dichos derechos, como se está viendo en los últimos días con la polémica sobre la actitud del Gobierno de Hungría. Montero también puesto sobre la mesa el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual y la necesidad de hacer frente a este problema.

Ha apuntado que «las protagonistas de esta ley son las personas LGTBI. Es una ley feminista, si no llegamos todas no llega ninguna».

«Esta ley reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género como único mecanismo capaz de garantizar los derechos, acometemos la despatologización, la personas trans ya no serán tratadas como personas enfermas», ha añadido.   

Las principales medidas del anteproyecto:

- Cambio de sexo en el Registro Civil: cualquier persona a partir de los 14 años podrá solicitar la modificación de la mención registral del sexo y su nombre. Entre los 14 y los 16 años deberán ser asistidos por sus representantes legales; en caso de disputa, se nombrará a un defensor judicial.

Las personas de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar el sexo, para lo que tendrán que promover un expediente de jurisdicción voluntaria asistidos por sus representantes legales.

- Cualquier menor podrá solicitar el cambio de nombre en el Registro, sin pruebas ni testigos.

- Proceso administrativo para el cambio de nombre y sexo, que durará un máximo de cuatro meses: las personas trans tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y solicitar el cambio.

A los tres meses tendrá que volver para ratificar esa decisión y en el plazo máximo de un mes el Registro deberá dictar la resolución efectiva.

- Libre determinación del género y despatologización: la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, se acaban así los informes médicos y la necesidad de tutelas médicas y legales.

- La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.

- Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida.

- Modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

- En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses antes de inscribir su sexo en el Registro.