El 2 de diciembre de 2009 la abogada Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía de Araba que el diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, le estaba pidiendo una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

La denuncia prosperó, y cuatro meses después el juez Roberto Ramos ordenó la detención de ocho personas por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Además de De Miguel, entre los detenidos figuraban Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, miembros de la ejecutiva del PNV en Araba. Los tres fueron condenados casi una década después por corrupción. 

Tras recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba, el Tribunal Supremo estableció el pasado mes de enero una pena de 12 años y 4 meses de prisión para De Miguel, de 7 años y 6 meses para Ochandiano, y de 5 años y 1 mes para Telleria. El exdirector de Juventud de Lakua Xabier Sánchez Robles también fue condenado a 7 años y 1 mes de cárcel.

Sin embargo, a día de hoy, todos ellos están en libertad, y De Miguel y Ochadiano trabajan en el sector público, en nómina del Gobierno autonómico. De Miguel sigue trabajando en el seno de la fundación Hazi, con un cargo de responsabilidad en Itsas Garapen Elkartea, y Ochandiano continúa en el Parque Tecnológico de Araba. El mismo parque que dio pie al caso.

Expediente de Hacienda

La situación de Alberdi es muy diferente. Durante el juicio habló de la «impunidad», «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se le pidió una mordida.

«Había visto que esa petición de dinero se hacía con tanta facilidad y alegría que igual yo podría estar ahora ahí (entre los acusados) si alguien lo denunciaba. Lo hice para protegerme y para demostrar que no tenía intención de pagar», declaró tras dar cuenta de las «amenazas» y represalias que padeció desde que presentó su denuncia en la Fiscalía.

Explicó que a partir de ese momento sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso tuvo la rescisión de algún contrato vigente sin recibir «explicación alguna». Expuso que, en un momento dado, una «persona política» le dijo que «durante muchos años mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos» públicos.

«Me metí en esto quizá por convencimiento y por justicia; y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener para mí», indicó la denunciante, a quien, según ha publicado ‘elDiario.es’, la Hacienda foral de Bizkaia le abrió un expediente el 2 de marzo de 2018, tres días antes de declarar ante el tribunal.

Este miércoles, el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, evitó pronunciarse sobre la inspección fiscal contra Alberdi, aunque insistió en que estos procedimientos están «muy tasados» y se desarrollan «con muchos objetividad» por parte de los técnicos, por lo que, a su juicio, no existe «sombra de duda».

De Miguel, a la espera de la ejecución de la sentencia

Donde sí hay más dudas es sobre la posición de De Miguel en el seno de Hazi, donde continúa pese a haber sido condenado por el Tribunal Supremo hace ya dos meses.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, se pronunció este martes al respecto en el Parlamento de Gasteiz, donde explicó que la sentencia no se podía considerar «firme». «¿Cuándo será firme? En cuanto se reciba por parte de esta Administración, que está personada en el caso», apuntó.

Este jueves ha insistido en que el diputado seguirá en la fundación, con un sueldo que supera los 57.000 euros anuales, hasta que Lakua reciba la notificación del auto de ejecución de la sentencia. Durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa, ha destacado que, hasta entonces, no procederá a «ningún tipo de actuación» porque «no existe ninguna seguridad jurídica».

«No hay nada ninguna novedad respecto a lo que ya dije y, desde luego todos los servicios jurídicos del Gobierno y las asistencias que tenemos, tanto en Hazi como en los parques tecnológicos nos dicen que, entretanto no recibamos esa notificación desde la Audiencia, no existe seguridad jurídica para proceder a ningún tipo de actuación», ha recalcado.