El Gobierno español ha remitido al juez su autorización para desclasificar parte de la información secreta sobre el espionaje del CNI al president catalán, Pere Aragonès, con Pegasus, pero sigue sin entregarle la documentación requerida.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha recibido esta semana un oficio del Gobierno español que le da traslado del acuerdo del Consejo de Ministros que permite acceder a los autos del Tribunal Supremo que avalaron el espionaje con Pegasus al móvil de Aragonès, entre 2019 y 2020, cuando era vicepresident del Govern presidido por Quim Torra.

No obstante, la documentación remitida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no incluye los autos el Supremo –uno de julio de 2019 que autorizó por primera vez el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020–, por lo que el juez tendrá que enviar ahora un requerimiento al CNI para que se los facilite.

De hecho, el instructor requirió no solo los autos judiciales que autorizaron el espionaje, sino toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y sobre las «concretas personas» que actuaron en nombre de este organismo en los procesos de encargo, adquisición y recepción del programa, así como su utilización para espiar a Aragonès.

Los autos del Supremo, lo único desclasificado

El Consejo de Ministros solo ha desclasificado la documentación relativa al aval judicial al espionaje y se ha denegado al juez el acceso al resto de información sobre la actuación del CNI, con el argumento de que ello podría poner en peligro la seguridad de los agentes de los servicios secretos.

Esa falta de información impide comprobar si el móvil de Aragonès pudo ser atacado con el software malicioso Pegasus sin el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control del CNI, por lo que el magistrado instructor se plantea insistir al Gobierno de coalición en que desclasifique el resto de la información que solicitó en relación con el espionaje.

De momento, el magistrado ha rechazado el recurso que presentó la Abogacía del Estado, que defiende a la exdirectora del CNI Paz Esteban en el caso, contra la admisión a trámite de la querella, la imputación de la propia Esteban y el requerimiento remitido al Consejo de Ministros para que desclasificara la información reservada sobre el espionaje al móvil de Aragonès.

La exdirectora del CNI, cesada a raíz del escándalo del espionaje y que en el Congreso admitió haber accedido al móvil de Aragonès con autorización judicial, está citada a declarar el próximo viernes ante el juez instructor, aunque por su condición de investigada sin la obligación de contestar a las preguntas que se le planteen.

La letrada está recusada

A la declaración no asistirá la letrada de la administración de justicia Montserrat del Toro, la misma que acudió al registro del Departamento de Economía previo al 1-O, dado que Pere Aragonès la recusó por su animadversión al independentismo y una gestión «irregular» por haber extraviado durante un año un informe pericial favorable a la acusación.

La letrada no participará en los trámites relacionados con la causa judicial sobre el espionaje a Aragonès con Pegasus, incluido el requerimiento al CNI para que remita los autos del Supremo que autorizaron el uso del spyware, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no resuelva sobre su recusación.

En paralelo, el juez instructor está en contacto con los cuerpos policiales para encargar a una unidad especializada en análisis informático una pericial que determine el alcance del ataque con Pegasus al móvil de Aragonès, con el fin de contrastar el informe aportado por la acusación.

La querella de Aragonès, que se dirige contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, coincidiendo con la investidura de Sánchez, pero un informe pericial posterior amplió a entre julio de 2018 y marzo de 2020 el período en que el teléfono pudo estar infectado.