Por abuso de poder también ha sido imputado el destituido presidente surcoreano Yoon Sus-yeol. El equipo especial de la Fiscalía a cargo de las investigaciones sobre el exmandatario ha explicado que ha decidido añadir este cargo al considerar que Yoon abusó de su autoridad al imponer el estado de excepción, obstruyendo el ejercicio de derechos y libertades, de acuerdo con información publicada por la agencia de noticias Yonhap.

La fiscalía ha acusado formalmente a Yoon por presunta insurrección al considerar que conspiró con el exministro de Defensa Kim Yong-hyun y otro para incitar a un levantamiento con su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, un acto que el Tribunal Constitucional ha determinado como inconstitucional e ilegal, al no existir las circunstancias para su declaración, como una guerra, un conflicto armado o una crisis nacional comparable.

«Medida de advertencia simbólica»

Yoon ha negado las acusaciones y ha asegurado que el decreto del estado de excepción fue sólo una «medida de advertencia simbólica» y no un plan para imponer el control militar del país.

Con la declaración, que ha durado unas seis horas, el mandatario ha tratado de interferir en una votación legislativa contraria a su Gobierno.

El expresidente, al que el parlamento apartó del cargo a mediados de diciembre a raíz del decreto, fue definitivamente destituido el pasado 4 de abril después de que el Constitucional votara por unanimidad sobre la inconstitucionalidad del acto.

Yoon permanece en libertad desde principios de marzo tras algo más de un mes de detención en relación a la investigación.

El exmandatario Yoon enfrenta cargos por los que podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, según establece el Código Penal surcoreano en casos de insurrección, aunque el país asiático mantiene una moratoria de facto para la pena capital desde 1997.