La corrupción, o al menos su sospecha, aparece hoy convertida en ariete contra el Gobierno Sánchez igual que ocurrió hace 33 años frente a otro del PSOE, el de Felipe González (con los casos Roldán, Juan Guerra, fondos reservados...). Este acabó cayendo en las urnas en 1996 y habrá que ver qué ocurre con el presidente actual. Entre medio, el PP podrá alegar, con motivo, que también fue la corrupción la que sirvió de palanca para descabalgarle de Moncloa en 2018, vía moción de censura. Una diferencia importante es que en aquel caso (Gürtel) sí había ya sentencia con hechos probados, no indicios, y que en el tuétano del caso estaba el PP, no meras actuaciones individuales.

Este somero recorrido constata algo obvio: la corrupción es endémica en las altas esferas el Estado español. Pero desde la derecha se interpreta políticamente con una doble vara de medir muy evidente. Y el mejor ejemplo empieza en la punta de la pirámide. Mientras ahora se vuelca toda la presión sobre el expresidente Rodríguez Zapatero, acusándole de delitos fiscales y una presunta sociedad ‘off shore’ en Dubai, se promueve el regreso del rey emérito Juan Carlos de Borbón tras garantizarse su impunidad por actuaciones similares.

Así, pasaron como mero trámite las dos «regularizaciones fiscales» de Juan Carlos de Borbón, una en 2020 y otra en 2021, por un montante superior a los 5 millones de euros (por hacer una comparativa maliciosa, es cuatro veces más que el valor de tasación de las joyas halladas a Zapatero).

Según publicó ‘El País’, nada sospechoso de antijuancarlismo, aquellas regularizaciones se produjeron tras aviso de la Fiscalía de que se habían abierto investigaciones al respecto, lo que debería haber llevado a anularlas. Inspectores de la Agencia Tributaria levantaron la voz contra ello, e incluso hubo una querella impulsada entre otros por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, pero el Supremo la rechazó.

Para ello el Alto Tribunal argumentó que los delitos fiscales del Borbón habrían prescrito. Y añadió además otra cuestión, nuclear: el rey español es inimputable por designio constitucional (artículo 56.3). Así que realmente Juan Carlos I pudo robar todo lo que hubiera querido, o cometer crímenes peores, sin sufrir consecuencia penal alguna, y lo mismo ocurrirá con su hijo Felipe porque se descarta corregir esa anomalía.

La impunidad no solo se traduce en este caso en falta de castigo, sino en ausencia de investigación. Así, ninguna UCO ni UDEF ha indagado, ni por mandato judicial ni por su cuenta, si es cierto que Juan Carlos había cobrado millonarias comisiones por la adjudicación del tren de la Meca (que siguiendo con el paralelismo, vendría a ser el rescate de Plus Ultra de Zapatero) o si ha tenido una sociedad opaca en la isla de Jersey.

«Debe pasar la última etapa de su vida en su país», defiende Feijóo respecto a Juan Carlos de Borbón, impune por vía constitucional y ‘absuelto’ además por las socorridas regularizaciones fiscales

Así las cosas, la marcha del Borbón a Abu Dhabi en 2020 no puede interpretarse como una huida de la Justicia, puesto que los tribunales nunca le iban a perseguir, sino como una decisión personal para alejarse de los focos y no manchar más la institución que ya había ensuciado con otras conductas. Pero el retorno está servido y se va cocinando lentamente.

Hoy día, mientras el PP plantea ya directa o sibilinamente prisión para Zapatero –y para Pedro Sánchez–, Alberto Núñez Feijóo defiende que «sería deseable» que Juan Carlos de Borbón regresara: «Debe pasar la última etapa de su vida en su país». A ello ha contribuido, por cierto, el Gobierno Sánchez con la desclasificación de documentos del 23F que vino a lavar la imagen de su actuación aquella tarde-noche. El mismo Ejecutivo que ha declinado reiteradamente levantar otros secretos más impresentables, como los que pesan sobre el caso Zabalza o la desaparición de ‘Naparra’.

M. Rajoy, Z, PS y Pte.

Bajando al siguiente escalón, la citación a Zapatero esta semana en los tribunales ha sido presentada como la primera imputación a un presidente español. Pero esto también tiene trampa...

Mariano Rajoy no fue imputado por la ‘caja B’ del PP pese a la anotación de «M. Rajoy» existente en los ‘papeles de Bárcenas’ que referían pagos con dinero no declarado. La Audiencia Nacional determinó que esa mención no era suficientemente clara. El asunto quedó lógicamente reducido a broma, empezando por el propio Rajoy, que ha dicho en el juicio del ‘caso Kitchen’: «Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere».

Tiene motivos para la sorna el que fue presidente español entre 2011 y 2018, porque también en ese caso ha salido indemne. La Audiencia Nacional solo le ha citado como testigo y ha dejado como ‘señor X’ de la trama para ocultar la corrupción del PP a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tal ataque de ignorancia fingida sobre aquel «M. Rajoy» vuelve a levantar ampollas ahora, cuando informes policiales aluden a que en los papeles de un empresario amigo aparece una «Z» que podría ser Zapatero y en la agenda de Leire Díez un «P.S.» que podría referirse al actual mandatario de Moncloa.

Se verá si los jueces españoles tienen también una doble vara de medir para identificar iniciales. Otro apunte vasco aquí: en su día ya dejaron pasar una anotación de «Pte.» en un papel del Cesid que aparentemente implicaba a Felipe González en los GAL, considerando que podía significar «Presidente» pero también «Pendiente». 

Rajoy salió libre de la Gurtel y ahora también de la Kitchen, igual que antes Aznar de la guerra de Irak o González de los GAL

Otro presidente del PP, José María Aznar, pudo acabar imputado, y por una cuestión más sangrienta: el impulso a la guerra de Irak en 2001. Una plataforma defendió que debía ser juzgado por no haber sometido la decisión al Congreso pero el Supremo lo desestimó afirmando que no podía determinarse responsabilidad personal en los bombardeos.

Montoro y Rato

El juicio del ‘caso Kitchen’ está pasando muy desapercibido entre la maraña de la ofensiva total contra el PSOE. Y también conviene recordar que Fernández Díaz no es el único ministro del PP que tiene cuentas pendientes con la Justicia. Aunque ha pasado de tapadillo una vez más, el que fue titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, está imputado desde hace casi un año por beneficiar supuestamente a empresas gasistas en la redacción de una ley, a instancias de esta.

Aquí sí ha aparecido la UCO, determinando que ese ‘lobby’ pagó 670.000 euros para crear y modificar leyes a medida. La catedrática de Derecho Penal de la UPNA Inés Olaizola apuntaba en entrevista a NAIZ que esto apunta a cohecho y no a mero tráfico de influencias, que sería la imputación sobre Zapatero al menos en este momento: «Es más grave, sin duda. Lo que yo no entiendo bien es por qué de Montoro no habla nadie», decía esta experta.

Las condenas a ministros de Aznar o la investigación a Montoro han tenido un eco menor que las embestidas contra el PSOE

Tampoco levantó excesiva polvareda la doble condena a Rodrigo Rato, que fue vicepresidente y ministro de Economía con Aznar. Primero se le condenó a cuatro años y seis meses por las ‘tarjetas black’, de los que cumplió dos antes de recibir el tercer grado: queda claro que la progresión legal funciona sin trabas en estos casos. Luego recibió otra condena algo mayor, cuatro años y nueve meses, por diversos delitos económicos, pero no ha sido devuelto a prisión a la espera del recurso.

Vox y Alvise

En la extrema derecha que se presenta como adalid en esta lucha contra la corrupción también cuecen muchas habas, aunque el puchero apenas salga a la vista. Dos exdirigentes con altas responsabilidades lo han denunciado públicamente: Macarena Olona, que apuntó a la Fundación Disenso (la Faes de Vox) y habló de una «cuenta de putas y varios», y Javier Ortega Smith, que se ha declarado purgado por haber denunciado irregularidades económicas.

Qué decir de Alvise Pérez, promotor del experimento populista Se Acabó la Fiesta. A día de hoy suma cinco causas judiciales en el Supremo, una de ellas por corrupción. Se investiga la supuesta financiación ilegal de su partido vía criptomonedas, y de momento el Parlamento Europeo ya le ha levantado la inmunidad.