El informe de Etxerat, que ha sido presentado por Urtzi Errazkin, Maider Alustiza y Marie-Claire Gramont, recoge el balance de lo sucedido desde el Día Internacional de los Derechos Humanos de 2013 y el de este año, que se celebra el miércoles.

 

Ese día entregarán el informe a los grupos políticos del Parlamento de Gasteiz y tienen previsto hacérselo llegar también al lehendakari Iñigo Urkullu. En Iruñea y Baiona habrá actos similares. Todo ello para reclamar un compromiso a los agentes políticos y sociales para acabar con la política de excepción que sufren los presos vascos.

 

El punto más negro que recoge el informe de Etxerat es el fallecimiento de Arkaitz Bellon, registrado en febrero en una cárcel andaluza, situada a más de 1.200 kilómetros de su casa, mientras cumplía una condena de trece años por quemar un autobús y un cajero. 

 

También se denuncia la situación de presos como Jon Enparantza o Arantza Zulueta, a quienes se impide desde hace meses tener contacto con ninguna persona o siquiera ver el sol.

 

En 2014, además, se han registrados diez accidentes de tráfico. «Exigimos responsabilidad a los partidos. Palabras. Y hechos», han reclamado los integrantes de Etxerat para acabar con esta práctica, que se agrava, según han denunciado, por los seguimientos, controles y molestias por parte de las fuerzas policiales que sufren los familiares cuando acuden a las visitas.

 

El informe denuncia también la situación de los nueve presos que sufren dolencias incurables, de quienes han exigido su puesta en libertad. Han citado los casos de Ibon Fernández Iradi, a quien se mantiene en prision a la espera de un informe a pesar de que padece esclerosis múltiple, o el de Ibon Iparragirre, a quien se ha vuelto a encarcelar a pesar de que tiene sida estado C, el más avanzado. 

 

Junto a ello, han alertado de la posible entrega masiva de presos vascos por parte del Estado francés al español en el marco de una norma europea. «Están urdiendo una trampa legal que atenta contra el espíritu de esa norma, que pretendía acercar a los presos a su entorno natural, a su cultura, a su entorno social», han explicado. Sin embargo, Madrid quiere aprovechar esta norma europea para dispersar a los presos lejos de Euskal Herria. 

 

Por ello, han emplazado a la ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, a aclarar si permitirá una nueva vulneración de los derechos humanos o respetará, como dijo públicamente, la voluntad de los presos.