Si hay alguien a quien el referéndum del 1-O y los hechos posteriores han cambiado la vida, esa es Clara Ponsatí. Hace un año, 24 de los 25 procesados ahora por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tenían ya cargos o liderazgos públicos de diversa índole. La vigesimoquinta, Ponsatí, era una prestigiosa catedrática de Economía en la renombrada y pomposa Universidad de St Andrews, en Escocia, cuna del golf y escuela de la flor y nata de la sociedad británica. Allí se conocieron, por lo visto, el príncipe William y su mujer Kate Middleton –perdónese este desliz rosa que nos permite contextualizar el carácter de la institución–.

Si alguien le hubiese dicho a Ponsatí hace un año que hoy estaría luchando contra su extradición, es probable que no hubiese podido evitar la risa. Esta economista llegó a la conselleria de Educación tras la crisis de Gobierno del mes de julio, en la que salieron del Ejecutivo catalán los consellers que tenían reservas hacia el 1-O. Desde entonces, su compromiso con el referéndum y con la aplicación de su resultado ha estado fuera de toda duda. Cuentan, de hecho, que fue la única que apoyó en el Consell de Govern implementar la República con todas sus consecuencias. La única. Tras la inefectiva declaración del 27 de octubre, fue una de las cinco dirigentes que tomó el camino del exilio.

Un camino propio en Escocia

El pasado 10 de marzo, Ponsatí decidió dejar el exilio belga y recuperar su vida habitual en Escocia, algo que, tras el auto de procesamiento dictado por Llarena el viernes, se ha convertido en un nuevo frente judicial para el Estado español. Y no cualquiera. Aunque la decisión, en última instancia, recaerá sobre un juez de Edimburgo, en torno a la persecución a Ponsatí se está tejiendo una importante red, caldo de cultivo para una campaña que apenas empieza a andar.

La simpatía que despierta el caso es comprensible en un país donde se contempla con estupefacción la persecución contra unos líderes acusados de... convocar un referéndum como el que los escoceses celebraron con toda normalidad en 2014. La comprensión no es mayor en Londres, cuyas grandes cabeceras mediáticas han dado numerosos disgustos a Madrid. Sencillamente, no se explican que las autoridades españolas hayan dejado pudrir de tal manera un conflicto que podían resolver –y ganar– con un referéndum. Escocia es la prueba.

Todos estos elementos desembocan en el apoyo recibido por Ponsatí, que ayer lanzó una campaña de micromecenazgo para cubrir los gastos de su defensa, consiguiendo en seis horas 168.000 libras, el cuádruple de lo que esperaba recaudar en 48 horas. Y es que no tiene a cualquier abogado. Aamer Anwar, además de rector de la Universidad de Glasgow, es uno de los letrados de Derechos Humanos más reconocidos de Escocia, país en el que fue nombrado «abogado del año» en 2017. De momento, ayer logró salir en libertad sin fianza ninguna, a la espera de una nueva vista fijada para el 18 de abril.

Tres semanas para reforzar unos apoyos que ya han venido de instancias nada desdeñables, empezando por la propia Universidad de St Andrews que denunció la «persecución política». También el Gobierno escocés, con la primera ministra, Nicola Sturgeon, a la cabeza, ha manifestado su oposición a la represión contra los líderes catalanes. En una serie de tuits, tras recordar que el procedimiento de extradición depende del poder judicial, reiteró su apoyo a la autodeterminación de Catalunya.