La Plataforma Ciudadana San Bartolomé (PCSB) de Donostia ha exigido al Gobierno municipal de PNV y PSE «transparencia» sobre la «decisión unipersonal» del alcalde, Eneko Goia, de solicitar la paralización del proyecto de centro comercial y aparcamiento en la ladera de San Bartolomé, que, en todo caso, ven como «una buena noticia» que toman «con mucha cautela, ya que aún no se han dado pases legales, ni administrativos» al respecto.

Tras conocerse la suspensión del proyecto, la asociación de vecinos Amara Bai también reclamó al Ayuntamiento que tenga en cuenta a los residentes del barrio a la hora de tomar decisiones en la zona.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, los representantes de la PCSB Blanca Zaragüeta, Elena Martínez de Murguía, Odón Elorza, Jorge Letamendia y el portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, han respondido al anuncio realizado por Goia, que consideran «una falta de vergüenza», porque «PNV y PSE han defendido a capa y espada este proyecto» y, además, «con mentiras».

Lasa ha señalado que el inicio de las obras «era inminente», como el propio Ejecutivo local se lo hizo saber «en numerosas ocasiones» y, por tanto, esta decisión «poco tiene que ver con escuchar a la ciudadanía o a esta plataforma», sino «más con el miedo a los recursos legales» presentados por PCSB y Dendartean y «a la repercusión en la opinión pública» de esta operación, ya que la ciudadanía «ha dejado claro que no quería este proyecto de centro comercial y aparcamiento».

«Que expliquen qué pasos van a dar»

El portavoz de Elkarrekin Donostia ha señalado que la plataforma pide que en el Pleno municipal de este miércoles el Gobierno municipal explique «qué pasos se van a dar ahora», al tiempo que ha indicado que volverán a solicitar en sesión plenaria y comisiones «las cuentas de la sociedad San Bartolomé Muinoa y el contrato de compraventa» de la parcela donde estaba previsto el centro comercial y el parking Midfield.

A ello ha añadido que desde la plataforma seguirán auditando este proyecto, para que se cancele «en las mejores condiciones para los donostiarras» y para que finalmente dé lugar a un espacio «de interés público, como un parque público».

Elorza: «Se ha decidido en un batzoki»

Por su parte, Elorza ha señalado que la «declaración inesperada e insospechada» de Goia «arrastra tres problemas importantes», el primero la «falta de transparencia»; el segundo que es «una decisión unipersonal que no obedece a un proceso democrático», sino que «se ha tomado en un batzoki»; y el tercero que «no parte de un proceso de diálogo, ni de negociación».

Respecto al primero ha recordado que desde el Ejecutivo local se ha venido diciendo que la construcción del centro comercial y el aparcamiento eran «la clave para garantizar la sostenibilidad global» de la operación urbanística de San Bartolomé, amparándose «en una mentira durante años», que es que estando él de alcalde en 2008, el Gobierno municipal «estimó el precio medio de la vivienda nueva en San Bartolomé en nueve mil euros el metro cuadrado».

A ello ha añadido que la decisión sobre el centro comercial y el aparcamiento «no se tomó en Pleno ni se consultó», sino que se expuso a los medios y «con carteles y panfletos» distribuidos por el barrio. «La democracia municipal y la participación no han existido», ha incidido.

«Hay una licencia y un Plan General modificado»

Por el momento, ha apuntado, «hay una licencia de obra concedida y un Plan General modificado que sigue contemplando un centro comercial y un aparcamiento». «No nos fiamos y queremos pasos concluyentes», ha señalado, como la «rescisión del acuerdo, la suspensión del proyecto y la recuperación de la ladera», y ha anunciado que de ser así retirarían el recurso.

Letamendía ha trasladado también su «preocupación» por el «valor patrimonial de los derechos del Ayuntamiento», que teme «no se han defendido de forma rigurosa» y ha incidido en que «es relevante que en el mundo jurídico desaparezcan el centro comercial y el aparcamiento» y que ello pase por Pleno, ya que, de lo contrario, «el alcalde podría cambiar de opinión o hacer un semicentro comercial». «No puede haber dudas con respecto a la voluntad política de lo que se quiere hacer», ha subrayado.