En concreto, se le reprocha su participación en una rueda de prensa de Batasuna ofrecida en Baiona en setiembre de 2006 y en un acto público de la misma formación en enero de 2007 en Uztaritze.

Según su abogada Jone Goirizelaia, este único argumento «sería suficiente para anular la detención». La letrada, sin embargo, no alberga demasiadas esperanzas, ya que «es evidente que se trata de una decisión política».

Aún así, en los próximos días presentará una apelación en el que, además de ese motivo, también incluirá otros para exigir su puesta en libertad. Entre ellos, el de su relación con EHAK. «Martin no aparece en ningún procedimiento y, además, también esta imputación fue refutada expresamente por el tribunal de Pau», subraya.

Además, expondrá que los hechos por los que se le procesa (dar ruedas de prensa, ofrecer entrevistas o escribir artículos de opinión) se acogen al derecho a la actividad política, que su formación es legal en el Estado francés y que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, aducidos en el auto para su envío a prisión.

Martin fue detenida en Maule el pasado jueves y entregada a la Guardia Civil pocas horas después en Biriatou. Tras su traslado a Madrid, la representante independentista compareció ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Este decretó su ingreso en prisión.

La detención de Martin ha causado una gran cola de reacciones entre todos los partidos políticos de Ipar Euskal Herria. Hoy mismo, Max Brisson, a través de su cuenta de Twitter, calificaba como «escándalo de Estado» el arresto de Martin por su actividad política.

Ayer también fueron los electos de diferentes formaciones quienes pidieron, frente a la suprefectura de Baiona, la libertad de Aurore Martin.

Familiares y amigos de la militante de Batasuna, por su parte, acusaron al ministro de Interior, Manuel Valls, de «mentiroso» y demostraron, a través de documentación personal, que Aurore Martin llevaba una vida totalmente pública en Ipar Euskal Herria.