El Gobierno español ha aprobado este lunes, en el último Consejo de Ministros del año, un real decreto en el que extiende a 2025 el gravamen a las energéticas con la novedad de establecer unas deducciones vinculadas a inversiones para avanzar en la descarbonización y en la transición ecológica.

En rueda de prensa, Pedro Sánchez ha explicado que la norma introduce «un incentivo fiscal» para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización se puedan deducir del impuesto.

«Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde», ha afirmado el presidente español.

«Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en que establecemos este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética», ha señalado en referencia a las diferencias que este gravamen ha generado entre los socios de investidura.

En la actual coyuntura, esa decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene asegurada su convalidación en el plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados, por la negativa de PNV, Junts y Podemos. Los jeltzales y Junts apoyaron una enmienda del PP para derogarlo el pasado jueves.

«Salimos a ganar»

«Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido», ha dicho Pedro Sánchez en referencia al reto al que se enfrentan en este asunto.

Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales.

EH Bildu ha confirmado que el gravamen aprobado este lunes se transformará en un impuesto que será concertado con las instituciones vascas, tal y como habían acordado. «Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de este medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco», ha manifestado.

Los soberanistas de izquierdas consideran que este paso «supone una medida de justicia fiscal respaldada por la ciudadanía vasca, ya que asegura que las grandes empresas energéticas paguen lo que les corresponde».

Llamamiento de EH Bildu al PNV

EH Bildu entiende que no existe una «razón válida» para que fuerzas políticas vascas se opongan a este medida. Por ello, insta al PNV a «abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto».

«No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales, un ingreso fundamental para garantizar servicios públicos y políticas sociales en nuestro territorio. Quien rechace esta medida deberá dar explicaciones claras a la sociedad vasca», ha advertido.

Antes de que se acordase esa medida, tanto PNV como Podemos han mostrado su rechazo. El portavoz jeltzale en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha reiterado su rechazo al gravamen a las energéticas por «romper el sistema de Concierto», aunque ha considerado que el propio Gobierno sabe que no saldrá adelante.

A su vez, la coportavoz de Unidas Podemos (UP) Isa Serra ha acusado al Ejecutivo de incumplir el acuerdo para crear un impuesto permanente a las grandes empresas energéticas, y ha adelantado que «no apoyaremos» su convalidación.

«Llegamos a un acuerdo con el PSOE para un impuesto permanente a las grandes empresas energéticas, que son las que más contaminan y que tienen unos beneficios extraordinarios», ha recordado Serra.

Subida del pensiones del 2,8%

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado una subida del 2,8% de las pensiones contributivas para 2025, que beneficiará a 12 millones de personas, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención posterior.

El presidente del Ejecutivo ha valorado cómo se ha protegido este año el poder adquisitivo de los ciudadanos con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del ingreso mínimo vital (IMV) y de la pensión media, que en 2024 ha crecido en 734 euros anuales.

La subida de las pensiones contributivas aprobada este lunes está calculada con el dato de la inflación entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 y se aplicará también a las de las clases pasivas.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria valoró positivamente la revalorización del 2,8% de las pensiones prevista para 2025, aunque insistió en exigir que las mínimas sean equiparadas al 100% del SMI.

La Seguridad Social aún no ha detallado cuánto subirán las mínimas y no contributivas que, de acuerdo con la última reforma de pensiones, deben aumentar más que el resto. También queda pendiente el alza del ingreso mínimo vital (IMV).

Asimismo debe prorrogase el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente a la espera de la nueva cuantía para 2025 que ha de aprobarse aún y que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

«Para este Gobierno es esencial que la riqueza generada llegue a todos los ciudadanos, los que trabajan, los que han trabajado y los que se están preparando para hacerlo, como los jóvenes», ha dejado claro Sánchez en su intervención.