Forcadell ha comparecido en su despacho del Parlament después de haber declarado, junto con la secretaria de la Mesa, Anna Simó, ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, investigadas por «prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional» al permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor de un referéndum.

«Que nadie tenga ninguna duda, no nos doblegaremos a la voluntad censora de aquellos que quieren paralizar y coartar un Parlamento democrático; continuaremos garantizando que el debate, el voto y la palabra continúen siendo pilar fundamental de este Parlamento», ha subrayado Forcadell.

La presidenta del Parlament, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha argumentado que actuaron «correctamente en todo momento y de acuerdo» con sus funciones, por lo que ha considerado que es una «anomalía política»" que se investigue a ella y a los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, todos presentes durante su comparecencia.

La presidenta de la cámara catalana ha remarcado que no admitirá que «los poderes del Estado digan de qué podemos hablar y de qué no» en el pleno, de manera que ha declinado que la Mesa se convierta en un «Tribunal Constitucional en miniatura para hacer el trabajo sucio de no permitir según qué debates». «No aceptaremos la censura ni nos autocensuraremos», ha esgrimido.

Ha argumentado, asimismo, que como presidenta del Parlament tiene el deber de proteger la libertad de expresión de los diputados y garantizar la inviolabilidad de los mismos.

«No tenemos nada que esconder», ha añadido Forcadell, que ha indicado que si están encausados es porque «hemos garantizado la libertad de expresión de los diputados y lo continuaremos haciendo».

«Si ese es el precio de tener un Parlament libre de injerencias lo pagaremos gustosamente; lo que está en juego no es un proyecto político u otro, sino la democracia», ha añadido.

Forcadell ha incidido que si están siendo investigados es porque no se han «doblegado a la censura» que pretenden imponer aquellos que «son incapaces de afrontar políticamente los problemas políticos».

Por su parte, Simó ha señalado que la «libertad de expresión es un derecho irrenunciable» y ha remarcado que la «inviolabilidad parlamentaria es una garantía en el juego de contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial».